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Un pedazo de historia: Derecho de reunión, 15M y PIRATAS

Esta mañana algunos piratas despertamos con un mensaje del abogado Josep Jover, quien paró el canon digital en Europa.

Josep nos decía:

Te mando un pequeño regalo… se trata del primer dictamen que tuve el placer de redactar a petición de los acampados de Madrid y que sirvió para defender la permanencia en las plazas los primeros días del 15M… desde el primer momento los juristas estábamos ahí… codo a codo con los piratas. Es un pedazo de nuestra historia

 

APRESURADO DICTAMEN REDACTADO EL 18-5-2011 QUE SE CIRCULARIZÓ EL 19. SU DIFUSIÓN SIRVIÓ PARA DEFENDER LA OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS POR TODA ESPAÑA EN UN PRIMER MOMENTO.

Josep Jover _ Acampada Sol _ Derecho de Reunión 2011

LAS COSAS CLARAS

Cuatro conceptos que hemos de tener todos claros sobre el Derecho de Reunión.

La presente nota lo es para aclarar a nivel ciudadano, muchos conceptos que erróneamente están vertiendo algunos medios de comunicación y partidos políticos.

art. 21 de la Constitución española

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

La Sentencia 59/1990 del Tribunal Constitucional de 29 de Marzo de 1990 desarrolla este derecho indicando que: “De la exégesis del art. 21 de la Constitución queda suficientemente claro que dos son los límites o requisitos constitucionales que han de cumplir los ciudadanos que decidan manifestarse en una vía pública:

a) que la reunión sea pacífica y

b) que anuncien a la autoridad el ejercicio de su derecho.”

En cuanto al primer requisito, que el TC lo consideró de “inexcusable cumplimiento”. En nuestro caso, no cabe duda de que se cumple en las numerosas acampadas que toman las plazas españolas donde se han registrado sólo nimios incidentes a los que han puesto fin los propios asistentes a las concentraciones.

Por otro lado, en lo que a la “comunicación a la Autoridad administrativa” (que no solicitud de autorización) su objetivo es el permitir que dicha autoridad “pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de los derechos y bienes de la titularidad de terceros”. A lo que el TC añade que como único límite la Constitución establece el “peligro para personas o bienes”. Así pues, no cabe considerar que las concentraciones espontáneas vulneren este requisito puesto que, a pesar de no tener unos organizadores definidos por la naturaleza reticular del grupo social que en ellas participa, no son desconocidas de la Autoridad administrativa correspondiente. Hemos de hacer la lectura que corresponde a los tiempos que vivimos del artículo 21.2 de la Constitución, atendiendo a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado y a su espíritu y finalidad (art. 3 CC), como los ha establecido el Tribunal Constitucional.

Así, cuando la convocatoria a la concentración se ha hecho sin que pueda establecerse unos promotores claros, desde redes sociales telemáticas de acceso público y habiéndose hecho eco de esta convocatoria los medios de comunicación no cabe que la Autoridad administrativa deniegue la por falta de comunicación previa cuando es flagrante que tuvo conocimiento de ella aunque no se le comunicase formalmente. La Autoridad administrativa tuvo en los día 15, 17 y 18 y tiene tiempo suficiente para establecer las medidas de seguridad necesarias para la protección de los derechos y bienes de la titularidad de terceros.

Por otro lado, al no producirse una situación de “peligro para personas o bienes” por el carácter totalmente pacífico de la concentración no cabe la

prohibición de ésta.

LAS CONCENTRACIONES SON PUES LEGÍTIMAS Y LEGALES. EL IMPEDIRLAS SERIA UN DELITO POR PARTE DE QUIENES ORDENARAN Y REALIZASEN ESE IMPEDIMENTO.

Si se impiden:

CÓDIGO PENAL

Artículo 514. 4. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

Atentamente,

Josep Jover Padró (@josepjover)


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